Informe del CIMI del 2025 alerta sobre el crecimiento de los conflictos territoriales, asesinatos, suicidios, mortalidad infantil y omisiones del Estado brasileño.
La violencia contra los pueblos indígenas en Brasil se profundizó durante 2025. Así lo revela el informe “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil: datos de 2025”, elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), que documenta un escenario marcado por el aumento de los conflictos territoriales, los asesinatos, los suicidios, la mortalidad infantil y las invasiones de tierras indígenas.
El informe advierte que esta realidad no puede comprenderse de manera aislada de los ataques a los derechos territoriales de los pueblos originarios y del estancamiento de los procesos de demarcación. A ello se suman las presiones políticas y económicas para ampliar actividades como la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de grandes obras de infraestructura en territorios indígenas y sus zonas de influencia.
169 conflictos territoriales en 23 estados
Uno de los principales indicadores de la situación es el crecimiento de los conflictos relacionados con los derechos territoriales. En 2025, el CIMI registró 169 casos en 23 estados brasileños, que afectaron a 143 territorios indígenas. Cerca de dos tercios de estos territorios corresponden a zonas cuya regularización permanece pendiente o en las que el Estado aún no ha adoptado las medidas necesarias para avanzar en su demarcación.
De las 1.443 tierras y reivindicaciones territoriales indígenas identificadas en Brasil, 897 permanecen pendientes de alguna medida administrativa de regularización. En 582 casos, el proceso de demarcación todavía no ha comenzado.
Aunque durante 2025 se produjeron algunos avances —como la publicación de informes de identificación, decretos declaratorios y el reconocimiento oficial de nuevos territorios—, el CIMI señala que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de las demandas indígenas.
El escenario se agravó con la persistencia de la disputa jurídica en torno a la Ley 14.701/2023, conocida como Ley del Marco Temporal, que incorpora disposiciones cuestionadas por las organizaciones indígenas y que, según el informe, puede dificultar la protección y demarcación de sus territorios.
Invasiones y destrucción de territorios
La presión sobre los territorios ya reconocidos tampoco disminuyó. El informe contabilizó 210 casos de invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños al patrimonio indígena, que afectaron al menos a 151 territorios en 20 estados.
Llama especialmente la atención que 88 de estos territorios ya contaban con reconocimiento legal, lo que evidencia que la demarcación, por sí sola, no garantiza la protección efectiva de las comunidades frente a invasores, mineros ilegales, madereros y acaparadores de tierras.
El Territorio Indígena Sararé, en Mato Grosso, constituye uno de los ejemplos más graves. La expansión de la minería ilegal ha provocado deforestación, destrucción de ríos y alteraciones profundas en la vida de las comunidades del pueblo Nambikwara.
La situación adquiere además un fuerte valor simbólico: el territorio Sararé vuelve a ocupar la portada del informe del CIMI casi tres décadas después de que la minería ilegal apareciera en la portada de una edición de 1996. La comparación evidencia la persistencia de un modelo de explotación que continúa poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y a los ecosistemas amazónicos.
La violencia también se refleja directamente en la vida de las personas: 258 asesinatos y 215 suicidios
Durante 2025 fueron registrados 258 asesinatos de indígenas, frente a 211 casos en 2024. Roraima, Amazonas y Mato Grosso do Sul concentraron el mayor número de casos.
A estos asesinatos se suman 38 intentos de asesinato, 18 amenazas de muerte, 33 casos de lesiones corporales, 46 situaciones de racismo y discriminación étnico-cultural y 25 casos de violencia sexual, entre otras formas de agresión.
El informe también registra 215 suicidios indígenas, superando los 208 contabilizados el año anterior. Amazonas registró 77 casos, seguido por Mato Grosso do Sul, con 42, y Roraima, con 37.
La situación afecta especialmente a las nuevas generaciones: el 41 % de los suicidios correspondió a indígenas entre 20 y 29 años, mientras que otro 34 % involucró a menores de 19 años.
Estos datos muestran que la violencia contra los pueblos indígenas no se limita a los ataques físicos o a las disputas por la tierra. También se expresa en condiciones sociales, económicas, culturales y territoriales que afectan profundamente la vida y la esperanza de las comunidades.
Más de mil niños indígenas murieron antes de los cinco años
Otro de los datos más preocupantes corresponde a la mortalidad infantil.
En 2025 se registraron 1.024 muertes de bebés y niños indígenas menores de cinco años, frente a 922 el año anterior. Amazonas, Roraima y Mato Grosso concentraron las cifras más elevadas.
De estas muertes, 586 —el 57 %— estuvieron relacionadas con causas consideradas prevenibles, entre ellas la gripe y la neumonía, las enfermedades infecciosas intestinales y la desnutrición.
Para el CIMI, estos datos evidencian las profundas desigualdades que persisten en el acceso a servicios básicos de salud, agua potable, saneamiento, alimentación y atención sanitaria adecuada en numerosos territorios indígenas.
Pueblos aislados enfrentan una amenaza creciente
El informe dedica también un capítulo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuya situación resulta especialmente vulnerable frente al avance de las actividades económicas sobre la Amazonía.
El Equipo de Apoyo a los Pueblos Libres (EAPIL) del CIMI registra 119 casos de pueblos indígenas aislados en Brasil, de los cuales solamente 55 cuentan con confirmación oficial de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
En 20 territorios indígenas donde existen registros de pueblos aislados se identificaron invasiones y daños al patrimonio. La expansión de la minería, la deforestación, las carreteras y otras actividades económicas incrementa el riesgo para estos pueblos, que han elegido permanecer alejados del contacto con la sociedad mayoritaria.
Una realidad que interpela a la Iglesia y a la Amazonía
Los datos del informe del CIMI constituyen una llamada de atención para toda la sociedad brasileña y latinoamericana. La violencia contra los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con la defensa de sus territorios, la protección de los bosques y ríos y el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Para la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), esta realidad recuerda la urgencia de caminar junto a los pueblos originarios y fortalecer una Iglesia con rostro amazónico, comprometida con la defensa de la vida, la dignidad de las personas y el cuidado de la Casa Común.
La Amazonía no puede ser comprendida únicamente como un espacio de recursos naturales disponibles para la explotación. Es territorio de pueblos, culturas, espiritualidades, historias y formas de vida que durante siglos han cuidado los bosques y los ríos.
La persistencia de la violencia territorial muestra que la defensa de los pueblos indígenas y la protección de la Amazonía son inseparables. Allí donde se amenaza el territorio, también se amenaza la vida; y allí donde se vulneran los derechos de los pueblos originarios, se pone en riesgo el equilibrio de toda la Casa Común.
El informe del CIMI invita, por ello, a renovar el compromiso con una Amazonía donde los pueblos indígenas puedan vivir con dignidad, ejercer plenamente sus derechos y continuar siendo protagonistas de la protección de sus territorios y de la construcción de un futuro de esperanza.
Fuente: Consejo Indigenista Misionero (CIMI), “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil: datos de 2025”.
Foto: Pe. Renan Dantas