El acuerdo beneficia a 1.373 personas afectadas desde su infancia por la exposición a metales tóxicos provenientes del complejo metalúrgico de La Oroya. El cardenal Pedro Barreto, quien durante casi dos décadas acompañó la lucha de la población, subrayó que la reparación económica representa un paso importante, aunque no puede compensar plenamente los daños ocasionados.

El cardenal peruano Pedro Barreto, SJ, expresidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), calificó como un “hito histórico” el acuerdo extrajudicial por 150 millones de dólares alcanzado en Estados Unidos para compensar a 1.373 personas de La Oroya, en los Andes peruanos, afectadas desde su infancia por la contaminación generada por el complejo metalúrgico operado por Doe Run.

El acuerdo, alcanzado después de casi dos décadas de litigio, pone fin a una de las demandas civiles más prolongadas contra una empresa multinacional por daños relacionados con contaminación ambiental y exposición a sustancias tóxicas en otro país.

“Este es un hito histórico”, señaló el cardenal Barreto en declaraciones recogidas por The Guardian. Sin embargo, advirtió que la reparación económica no resuelve por sí misma las consecuencias que continúan enfrentando muchas de las personas afectadas, especialmente quienes sufrieron daños neurológicos durante su infancia.

“El dinero no compensará el daño que han sufrido, pero es una señal de que se ha hecho justicia”, afirmó.

Una lucha por la vida y la dignidad

La historia de La Oroya ha acompañado durante años el ministerio pastoral del cardenal Barreto. Cuando asumió como arzobispo de Huancayo en 2004, comenzó a acompañar de manera cercana a las comunidades afectadas por la contaminación del complejo metalúrgico.

Diversos estudios realizados durante esos años documentaron elevados niveles de plomo en la sangre de niños de la localidad, además de exposición a otros contaminantes como arsénico, cadmio y dióxido de azufre.

La situación convirtió a La Oroya en uno de los casos emblemáticos de contaminación ambiental y afectación de la salud de poblaciones vulnerables en América Latina.

La defensa de la población tuvo también un costo personal para el entonces arzobispo de Huancayo. Durante los años de acompañamiento a las comunidades, Barreto recibió amenazas de muerte y sufrió diferentes formas de acoso relacionadas con su posición frente a los impactos ambientales y sanitarios de la actividad metalúrgica.

“Fue un hecho irrefutable que me amenazaran de varias maneras”, recordó el cardenal, quien, sin embargo, evitó colocar el protagonismo en su propia experiencia y señaló que quienes merecen reconocimiento son las comunidades que han soportado durante años las consecuencias de la contaminación.

“Hemos tenido que soportar solo un poco del inmenso sufrimiento que enfrentan constantemente”, expresó.

Justicia que pone en el centro a las víctimas

El proceso judicial comenzó en 2007 con una demanda presentada en nombre de 17 niños peruanos y posteriormente llegó a involucrar a más de 1.373 demandantes, muchos de ellos jóvenes adultos que habían sufrido las consecuencias de la exposición a metales pesados durante su infancia.

El acuerdo contempla una compensación que podría representar al menos 100.000 dólares para cada uno de los demandantes, de acuerdo con la información publicada sobre el proceso.

La empresa Doe Run Resources Corporation no admitió responsabilidad ni irregularidades como parte del acuerdo.

Más allá de la dimensión económica, el caso representa un precedente significativo para las comunidades afectadas por actividades empresariales transnacionales y para la discusión sobre la responsabilidad de las empresas frente a los impactos sociales, ambientales y sanitarios de sus operaciones.

Una Iglesia que acompaña el clamor de los pueblos

La experiencia de La Oroya expresa una de las dimensiones fundamentales del compromiso de la Iglesia en los territorios: escuchar el clamor de las comunidades, acompañar a quienes sufren y defender la dignidad de toda persona y de la Casa Común.

La trayectoria pastoral del cardenal Pedro Barreto ha estado profundamente vinculada a esta perspectiva. Su servicio en la Iglesia peruana y su participación en los procesos eclesiales de la Amazonía han estado marcados por la defensa de la vida, la justicia socioambiental y los derechos de las comunidades que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Desde la CEAMA, este acontecimiento invita también a renovar la mirada sobre los desafíos que viven los pueblos de la Amazonía y de otros territorios de América Latina frente a modelos económicos que pueden generar graves impactos sobre la salud, los territorios y las comunidades.

El caso de La Oroya recuerda que la justicia ambiental no puede separarse de la justicia social, y que detrás de cada cifra existen rostros, familias, historias y generaciones que merecen ser escuchadas y reparadas.

El acuerdo alcanzado después de 19 años de lucha constituye así un paso significativo para las personas afectadas. Pero, como ha señalado el cardenal Barreto, la verdadera justicia exige también prevenir que nuevas generaciones tengan que sufrir daños irreversibles a causa de la contaminación y garantizar que el desarrollo económico nunca se construya a costa de la vida y la dignidad de los pueblos.

La defensa de la Casa Común es también la defensa de quienes la habitan. Y escuchar el clamor de los pueblos sigue siendo un camino indispensable para construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna.